Presenta ante el tribunal elementos que confirman que el proceso está viciado desde su origen y refuerza su solicitud de nulidad de la acusación contra Gonzalo Castillo, al entender que el Ministerio Público persigue a quien no participó de los hechos, y protege a quienes sí lo hicieron.
SANTO DOMINGO, República Domingo.– La defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, denunció ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que el Ministerio Público coordinó con personas que, según sus propios señalamientos, son los verdaderos responsables de los hechos de los cuales se acusa a Gonzalo Castillo, pero que fueron excluidas de la acusación o beneficiadas con criterios de oportunidad.
Los abogados Laura Acosta, Nassef Perdomo y Luis Rivas afirmaron que el órgano acusador construyó su expediente a partir de acuerdos con individuos que admitieron haber organizado las operaciones ilícitas, pero que no fueron llevados al banquillo de los acusados, mientras se persigue penalmente a Gonzalo Castillo.
Entre ellos señalaron a Fernando Crisóstomo, identificado como uno de los organizadores del entramado junto a Ramón Emilio Jiménez (Mimilo) y José Arturo Ureña, todos favorecidos con criterios de oportunidad, pese a haber reconocido su participación directa en los hechos. Para la defensa, estos debieron ser los acusados principales del proceso y no testigos protegidos.
También citaron a Carlos Báez Batista, exgerente de una entidad bancaria, quien coordinó con Crisóstomo retiros de grandes sumas de dinero en efectivo y que, pese a su rol, fue presentado como testigo por el Ministerio Público.
Los juristas indicaron que conversaciones por WhatsApp incorporadas por la propia acusación evidencian que Fernando Crisóstomo informó a Carlos Báez Batista de sus contactos y coordinaciones directas con actores influyentes dentro del Ministerio Público, incluso antes de que existiera juez apoderado del proceso.
Acosta, Perdomo y Rivas afirmaron que estos elementos confirman que el proceso está viciado desde su origen y refuerzan su solicitud de nulidad de la acusación, al entender que el Ministerio Público persigue a quien no participó de los hechos, y protege a quienes sí lo hicieron.
