La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que dispone la supresión de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), así como de la Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana (UERS) y dispone la creación de la Empresa Generadora de Electricidad Punta Catalina.
La pieza legislativa ahora pasada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.
Con la entrada en vigencia de la nueva ley se suprime la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), transfiriéndose sus funciones al Ministerio de Energía y Minas.
También se crea la Comisión Técnica, para la transferencia del patrimonio de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctrica Estatales (CDEEE) y de la Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana (UERS), el Ministerio de Energía y Minas deberá, en un plazo no mayor de treinta (30) días, crear una comisión técnica para concluir con los procesos de transferencia definitiva de los activos, pasivos y contingencias, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.
En la referida ley, el Poder Ejecutivo creará la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC), con el fin de traspasar la titularidad y administración de las unidades de generación eléctrica, equipos, sistemas y edificaciones que componen la Central Termoeléctrica Punta Catalina, según las disposiciones establecidas por esta ley.
De igual forma, uno de los articulados señala que la misión de la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC) será administrar y operar las unidades de generación de energía eléctrica que componen la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), mediante el aprovechamiento de la energía generada a partir de la quema de cualquier tipo de carbón u otro combustible; así como también la ejecución de proyectos, negocios e inversiones, incluyendo la comercialización, administración y desarrollo de esa clase de energía.
Además en uno de sus articulados la pieza legislativa explica que la naturaleza de La EGEPC será de capital estrictamente estatal, tendrá personería jurídica, patrimonio propio, capacidad para contraer obligaciones comerciales y contractuales, según su propio mecanismo de dirección y control.
