El Colegio de Abogados de República Dominicana, (CARD) consideró este miércoles necesario que el CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA, proceda a reinstaurar la armonía y la paz del Tribunal Superior Electoral, TSE; Así como de la Suprema Corte de Justicia, SCJ, procediendo a la evaluación de desempeño de los componentes de dichos órganos constitucionales, derivando las consecuencias constitucionales contra aquellos miembros, que han abusado de sus funciones.
Recordó que, en los últimos días, a lo interno del Tribunal Superior Electoral, se han suscitado una serie de escándalos que perturban, no solo el normal funcionamiento de dicho Tribunal, si no su imagen y credibilidad, erosionado con el ello, la administración de Justicia Electoral.
Igual o peor situación, de mayores proporciones ocurre a los interno del Poder Judicial, donde su Presidente Luis Henry Molina, ha tomado una serie de medidas, que han implicado, no solo la usurpación de las funciones legislativas del Congreso, modificado leyes procesales de enjuiciamiento; Sino que han mantenido en cierre virtual la Justicia, instaurando una privatización forzosa de la Justicia, que esta siendo manejada por contratistas.
Según la denuncia de Surun Hernández, los citados contratistas son los “únicos que tienen acceso a los expedientes, obligando al ciudadano común a aceptar ilegales audiencias virtuales, todo debidamente comprobado por una Sentencia del Tribunal Superior Administrativo, que ordenó la apertura de los Tribunales y declaró ilegales sistemas virtuales de justicia; Sentencia que el Mag. Luis Henry Molina, ha desacatado flagrantemente, a pesar que ya el Tribunal Constitucional rechazó no solo su demanda en suspensión, sino declaró nulas las resoluciones jurisdiccionales emitidas desde el Consejo del Poder Judicial; Faltas que constituyen un atentado contra el Estado de Derecho y la Seguridad Jurídica, por lo que se impone su formal destitución”.
Hasta tanto no se despolitice la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, no hay forma posible que se condene a la cúpula corrupta del pasado gobierno, con quienes existe un compromiso de protección que les garantiza, que una vez apresados y sometidos, serán indefectiblemente descargados, ya sea mediante sentencias incidentales de exclusión probatoria, o mediante sentencias donde se les declare no culpables del robo que efectuaron durante el pasado reciente.
El Colegio de Abogados espera que el CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA actué con la responsabilidad que las circunstancias ameritan, por el bien institucional de esta sociedad y de todos lo dominicanos; sin embargo, nos preocupa la pasividad cómplice que sentimos en sectores ligados al sector justicia, el Congreso y del Propio Consejo Nacional de la Magistratura.
