República Dominicana encabeza los niveles más bajos de la región
Durante un análisis presentado en el Seminario Internacional Seguridad, Ciudadanía y Convivencia Post COVID en América Latina se reveló que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en Honduras alcanzó 38,6, en Colombia 26,8, en México 26 y en República Dominicana 10,3, siendo este uno de los más bajos de la región.
Conforme a las estadísticas de 2021 presentadas, otros lugares con tasas alarmantes son Jamaica 49,4, Venezuela 40,9, Trinidad y Tobago 32, Belice 29, Puerto Rico 19,3, Brasil 18,5, El Salvador 17,6, Guatemala 16,6, Guyana 15,2, Ecuador 14, y Haití 13,7.
Además, Panamá 12,8, Costa Rica 11,5, Uruguay 8,5, Paraguay 7,4, Nicaragua 5,7, Perú 4,3 y Chile 3,6, siendo este último el que registra mayor control de los crímenes violentos.
“Hay varias teorías para explicar los cambios que experimentó la criminalidad en Latinoamérica durante la pandemia del COVID 19. Una de ellas es la teoría de la frustración, debido a las consecuencias sociales que pudieron activar acciones negativas: el desempleo, la situación económica, la desigualdad y la dificultad para relacionarse socialmente, activaron reacciones negativas y violentas”, expuso el chileno Hugo Frünling Ehrlich, doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Harvard y profesor titular de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.
También salió a relucir el tema de la convivencia, cuando la exsecretaria de Interior de la Alcaldía del municipio colombiano de Bucaramanga, Melissa Franco, habló de la experiencia en su país de que por el trabajo de la comunidad se logró superar algunos indicadores como son: violencia intrafamiliar y el homicidio.
Resaltó que con el tema seguridad, Colombia tiene el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para regular el comportamiento contrario a la buena armonía social, donde todos los ciudadanos tienen derechos, pero sin transgredirlos. Este instrumento también otorga a los alcaldes autoridad administrativa en la Policía, lo que les permite decretos y actos oficiales para trabajar en beneficio de la protección ciudadana.
